Este documento se enfoca en establecer los fundamentos jurídicos para regular las concesiones sociales indígenas en México, respetando sus derechos fundamentales. Aborda la situación jurídica de los pueblos indígenas desde una perspectiva constitucional e internacional, y sugiere medidas regulatorias que consideren sus formas de organización y derechos fundamentales. El documento también propone políticas públicas basadas en recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, con el fin de apoyar el desarrollo adecuado de las telecomunicaciones en las comunidades indígenas.
